Regalo alemán para Hungría y Polonia: implicaciones políticas de un fallo económico

Quizás no se vea una conexión obvia entre una sentencia del tribunal constitucional alemán sobre el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE) y los intentos de algunos Estados miembros europeos de desmontar sus Estados de derecho con ataques directos y nada disimulados contra la independencia de sus sistemas judiciales. Pero la realidad es que la conexión es total y directa.

Más allá de emitir una sentencia más, este martes el tribunal constitucional alemán decidió darle la vuelta a una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en 2018 ya había considerado que el programa de compras del BCE estaba dentro de su mandato. El alto tribunal alemán sentenció que la corte de Luxemburgo tomó una decisión ‘ultra vires’, más allá de sus competencias, que no tuvo en cuenta los equilibrios necesarios, que la cuestión “excede su mandato judicial”. De forma efectiva, el constitucional alemán pasó por encima del TJUE, que es el interpretador último del Derecho de la Unión, y se arrogó el papel que le corresponde a la corte europea.

Nacho Alarcón. Bruselas

La UE es una casa común que se rige por un ordenamiento jurídico común cuyo último interpretador es el TJUE. No hay nada por encima. Sus decisiones respecto a al derecho de la Unión deben ser acatadas por todos los tribunales y no hay posibilidad de que un órgano inferior le dé la vuelta al argumento desde las lentes nacionales. No es posible que las normas comunes sean interpretadas de manera definitiva por una parte del todo.

Lo mismo que el TJUE cuenta con este rol para que su decisión respecto a que una ayuda de Estado cese porque es ilegal y está dañando a la integridad del mercado interior, la alta corte de Luxemburgo tiene esas competencias para todo lo que tiene que ver con la interpretación de los Tratados, desde el BCE hasta el respeto a la independencia judicial. Pero el constitucional alemán ha creado un precedente peligroso al considerar que el TJUE no era competente para decidir sobre un elemento recogido en los Tratados y que su decsión no es vinculante y ha dado un regalo inesperado y enormemente peligroso a los autócratas europeos que hoy rigen los destinos de Budapest y Varsovia, y que pueden alcanzar el poder en otros países, como ya vimos durante los últimos años en Rumanía.

Viktor Orbán, primer ministro húngaro, durante una cumbre europea. (EFE)Viktor Orbán, primer ministro húngaro, durante una cumbre europea. (EFE)Viktor Orbán, primer ministro húngaro, durante una cumbre europea. (EFE)

Los Gobiernos de Polonia y Hungría llevan ya tiempo embarcados en un proceso para ir desmontando el estado de derecho en ambos países. El caso húngaro es más complejo, donde prácticamente no queda oposición, ni medios libres, y la economía del país está tremendamente lastrada por una red clientelar que se ha tejido alrededor del autoritario primer ministro Viktor Orbán. En el caso polaco, donde la oposición todavía tiene capacidad para plantar cara y hay una sociedad civil mucho más activa, la agresiva reforma judicial ha provocado que la Comisión Europea active el artículo 7 de los Tratados destinados a proteger los valores europeos.

Hace solo unas semanas, el TJUE pidió la suspensión precautoria del sistema de arbitraje que el Gobierno polaco, en manos de los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS), había puesto en marcha y le daba control político sobre los magistrados. La Comisión Europea ha decidido llevar ante la alta corte de Luxemburgo nuevas reformas en el sistema judicial polaco. Los tribunales europeos

Nacho Alarcón. Bruselas

Si bien no ha sido posible frenar completamente la deriva polaca y húngara, los tribunales europeos han sido el dique de contención para evitar una espiral autoritaria mucho más rápida. Polonia está dispuesta a llegar hasta el final incluso con la oposición del TJUE, como ha demostrado en varias ocasiones, pero lo que ha hecho el constitucional alemán es legitimar su intento de prender fuego a la casa común que es la Unión Europea, vaciar de contenido el reglamento interno que da sentido al proyecto europeo y que evita que el club comunitario se desintegre.

La sentencia del constitucional alemán, un órgano muy respetado en la opinión pública alemana, abre una vía para que Hungría y Polonia se escuden de las críticas. Hicieron falta solo unas horas para que el viceministro de Justicia polaco saliera ante los medios de comunicación para asegurar que “los Estados miembros son los maestros de los Tratados”. “Los alemanes defienden su soberanía. La UE dice solo lo que nosotros, los Estados miembros, permitimos”, señaló el polaco.

Manifestación de jueces de toda Europa en Varsovia en contra de la reforma judicial. (EFE)Manifestación de jueces de toda Europa en Varsovia en contra de la reforma judicial. (EFE)Manifestación de jueces de toda Europa en Varsovia en contra de la reforma judicial. (EFE)

Polonia ya destripó su tribunal constitucional, llevando a cabo una renovación fuera del marco de su carta magna, con el nombramiento ilegal de un presidente de la corte suprema polaca. Una vez contaminado y politizado el tribunal supremo, sus homólogos alemanes le han dejado todo el trabajo hecho. El Gobierno polaco solo tiene que levantar el teléfono y repetir la jugada vivida esta semana.Aunque en Polonia hay una instrumentalización creciente y muy agresiva del sistema judicial por parte del Gobierno, como ha demostrado su gestión de la cancelación de las elecciones presidenciales que se iban a celebrar este domingo 10 de mayo, sigue existiendo resistencia. Pero cada vez queda menos tiempo. El Ejecutivo polaco ha comenzado a perseguir a jueces por sus sentencias a través de su órgano disciplinar, que han logrado conectar directamente al ministerio de Justicia. La situación es crítica y el tiempo se acaba. Para Hungría algunos creen que ese tiempo ya se acabó. La ONG Freedom House, que hace un ranking de calidad democrática, ya no considera al país centroeuropeo como una democracia, y lo sitúa como un "régimen híbrido".

Como explicó aquí este miércoles Ignacio Molina, el ego de los jueces del tribunal constitucional alemán, que viven en un pulso continuo con los magistrados del TJUE por quién tiene la última palabra, decidieron ayer de pasar de los disparos preventivos al fuego real. En esa operación de egos Alemania ha servido en bandeja una victoria a los autócratas europeos. Las consecuencias que esta sentencia tendrá sobre los programas del BCE, en concreto el juzgado PSPP y el actual programa de compras en el marco de la pandemia, el PEPP, seguramente sean leves, aunque potencialmente dañinas en el largo plazo. No será así sobre el rol que tendrá el TJUE en el futuro, y por lo tanto tampoco sobre el estado de Derecho en Europa. La Comisión Europea, y el resto de Estados miembros, tienen que pensar qué pasos dar ahora para evitar que se llegue a un punto de no retorno.

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