La rabia en Chile no se apaga: "Este estallido social lleva gestándose desde Pinochet"

"¡Nos tiran a matar!", exclama Jorge Muñoz, rodeado por un grupo de personas que portan banderas chilenas. Este estudiante es uno de los más de 1.200 heridos en las masivas protestas que han desbordado las calles chilenas en las últimas dos semanas en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera y sus políticas económicas.

Ya huele a gas lacrimógeno frente al Palacio de la Moneda, la sede de la presidencia del país, donde suelen acudir los manifestantes –o, al menos, lo intentan- y Muñoz permanece allí, señalándose el pómulo. Tiene una herida reciente a escasos centímetros de su ojo. "Me impactó un balín lanzado por los carabineros. Tengo ojos de milagro. Se quedó a apenas dos centímetros. Ellos y los militares te tiran a cagar. El presidente les dice que está en guerra, y salen con esa mentalidad", señala el joven, mientras decenas de personas gritan "asesinos" a los agentes que custodian la sede presidencial.

Ainhoa Murga

Más de 140 personas han sufrido daños en sus ojos durante las protestas, según cifras recopiladas por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Al menos 26 de ellas han perdido completamente la visión en algún ojo por efecto de los proyectiles de goma lanzados por las fuerzas de seguridad.

Es uno de los efectos de unas protestas que dejan ya 20 muertos y 1.200 heridos. Al menos 38 de los hospitalizados recibieron disparos con munición real. Las organizaciones humanitarias denuncian también 18 casos de agresiones sexuales de agentes de las fuerzas del orden contra los manifestantes. Al otro lado de la 'trinchera', alrededor de 870 agentes han resultado heridos durante las protestas, según ha informado el cuerpo policial.

Un manifestante herido en Santiago. (Reuters)Un manifestante herido en Santiago. (Reuters)Un manifestante herido en Santiago. (Reuters)

El estallido social en las calles de las principales ciudades de Chile, especialmente en la capital Santiago, ha dejado jornadas muy violentas. Se han producido decenas de saqueos en supermercados y comercios, choques violentos entre parte de los manifestantes y las fuerzas del orden, así como destrucción de propiedad pública. El metro de Santiago ha sido arrasado. Decenas de estaciones permanecen inutilizadas tras haber sido incendiadas.

"Esto es un estallido social que lleva gestándose desde hace 30 años, cuando acabó la dictadura de Augusto Pinochet", afirma Rita Carcamurello, trabajadora del hospital público El Pino, mientras participa en una de las marchas frente al Palacio de La Moneda.

Un gobierno tras otro han ido vendiendo la luz, el agua, parte de la farmacia… Y nosotros nos hemos ido empobreciendo cada vez más

"A nosotros nos volvieron a cero. Pinochet nos cambió el sistema de salud por completo. Y, luego, todos estos gobiernos de después han hecho pura corrupción. Ningún político es confiable. Un gobierno tras otro ha ido vendiendo la luz, el agua, parte de la farmacia… Y nosotros, la gente que gana menos, nos hemos ido empobreciendo cada vez más”, lamenta.

Pero pocos esperaban un estallido social como el que describe Carcamurello.

Macroeconomía vs el día a día

Chile, de hecho, era considerado el país con mejor desarrollo económico en Sudamérica. Un "oasis" de estabilidad, como lo describió el propio presidente, Sebastián Piñera, hace unas semanas, ignorando lo que se le venía encima.

Efectivamente, Chile es un país de rentas altas, comparado con sus vecinos. El PIB per cápita creció de 4.511 dólares en 1990, cuando finalizó la dictadura de Pinochet, a 15.923 dólares en 2018, según el Banco Mundial. La pobreza del país ha caído en picado en las últimas dos décadas. Afectaba al 36% de los chilenos en el año 2000, y ahora aflige al 8,6% de la población. En Chile se consideran pobres las familias de cuatro miembros que ingresan menos de 435.000 pesos mensuales, equivalentes a unos 526 euros.

Pero quienes protestan en las calles denuncian que la buena marcha en términos macroeconómicos no repercute en las clases medias y bajas, en uno de los países considerados mundialmente como emblema del liberalismo financiero, instaurado en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

D.A.

Algunos indicadores parecen explicar el descontento social. En 2017, el 1% más rico del país acumuló el 26,5% de la riqueza, en cuanto el 50% con menos ingresos de las familias chilenas solo tuvo acceso al 2,1% de esa riqueza neta del país, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La mitad de la población recibe un sueldo medio de 400.000 pesos al mes (481 euros), una cifra alta si se compara con la mayoría de los países de la región, pero el coste del nivel de vida, los altos precios de productos y servicios en Chile hacen que sea difícil llegar a fin de mes. "Tenemos que comprar cosas para comer, y son caras. Ganamos poca plata, y no nos alcanza. Es difícil vivir el día a día de nosotros", comenta Muñoz, el estudiante herido.

Una nueva Constitución

Dos son las principales demandas de los manifestantes. La primera es la renuncia del presidente, Sebastián Piñera, pero también quieren que Chile inicie un proyecto constituyente para redactar una nueva Carta Magna, que amplíe el sector público del país y favorezca reformas sociales. La actual constitución chilena rige desde 1980 y es fruto directo de la dictadura de Pinochet.

A partir de ahí, cada sector tiene sus propias reivindicaciones. Los jubilados llevan décadas manifestándose contra el sistema privado de pensiones, gestionados por las conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Fotografía de archivo fechada el 30 de mayo de 2019: una protesta contra el sistema privado de pensiones en Chile. (EFE)Fotografía de archivo fechada el 30 de mayo de 2019: una protesta contra el sistema privado de pensiones en Chile. (EFE)Fotografía de archivo fechada el 30 de mayo de 2019: una protesta contra el sistema privado de pensiones en Chile. (EFE)

"Aquí trabajas durante toda tu vida, ahorras, y te descuentan cada mes un 12% o 13% de tu sueldo, y eso va a un fondo de capitalización individual. Pero, como los sueldos son muy bajos, después de trabajar 30 o 40 años, te queda poco. Las AFP calculan todo lo que has juntado y van desembolsando calculando que vas a sobrevivir hasta los 110 años", denuncia Luci Chavarría, que lleva años protestando junto a la organización 'No más AFP'.

"Es terrible. Nuestros abuelos se están suicidando porque, simplemente, las pensiones son de hambre. Son indignas", asegura la jubilada.

"Nosotros proponemos un sistema tripartito. Que el empresariado aporte un porcentaje, el Estado otro, y el trabajador otro, pero a través de un sistema solidario, donde los jóvenes ayuden en las pensiones en ese fondo grande que se junta, para que se jubilen los mayores, y que después les toque a ellos, como pasa en casi cualquier parte del mundo, y pasaba en Chile antes", reivindica.

"Con pensiones de 120.000 pesos (145 euros) no se puede ni comer. Tienen los hijos que ayudarnos", apunta Osvaldo Cifuentes, un jubilado presente en las protestas de estos días.

Jubilados y estudiantes

Los estudiantes, por su parte, tienen otras reivindicaciones. Denuncian que la universidad es muy cara, y que, para tener acceso a ella, -si no se pertenece al sector de menos ingresos, cuando entonces el acceso es gratuito-, tienen que endeudarse mucho.

También hay problemas en las escuelas. Los colegios de sectores más acomodados tienen más acceso a financiación pública, creando desigualdad en la enseñanza y marginando el acceso a los estudios superiores de aquellos que cursan los estudios básicos en las escuelas de zonas más humildes, denuncian los docentes.

Manifestantes en la decimotercera jornada de protestas en Chile. (EFE)Manifestantes en la decimotercera jornada de protestas en Chile. (EFE)Manifestantes en la decimotercera jornada de protestas en Chile. (EFE)

Kimko Giadalah es profesora en un centro en Paine, una localidad situada a una hora por carretera de Santiago, donde las condiciones de vida de los más desfavorecidos son difíciles. "La mayor parte de mis alumnos son vulnerables, y el Estado jamás se ha preocupado por ellos. Tienen muchas carencias económicas. Viven en campamentos, en cajas de cartón. No tienen baño. Tienen que defecar en tarros", dice, mientras protesta frente al Palacio de la Moneda.

"A nosotros, los educadores de los departamentos, nos amenazan para que no vengamos a marchar. Dicen que nos van a despedir, que nos van a descontar del sueldo, siendo que el paro y la huelga es algo legal en el código de trabajo", denuncia.

Salario mínimo de 424 euros

En un intento de calmar las protestas, Piñera ha cambiado a buena parte de su gabinete en los últimos días y ha organizado reuniones con representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos de la oposición, que tampoco son bien vistos entre parte de los manifestantes.

Después de una semana de fuertes manifestaciones, Piñera presentó además un paquete de medidas para intentar solucionar esos problemas que denuncia la población.

Planteó instaurar un salario mínimo garantizado de 350.000 pesos al mes (424 euros) para quienes trabajen a jornada completa, así como estabilizar las tarifas eléctricas, anulando una reciente subida del 9,2% en el precio de la luz.

Propuso también subir los impuestos a quienes cobren el equivalente a 9.900 euros mensuales, aumentar las pensiones más básicas y reducir la brecha de ingresos entre las escuelas situadas en zonas con distinto nivel adquisitivo.

El presidente ha criticado duramente los saqueos y la destrucción de propiedad pública y privada ocurridos durante las protestas, hechos también censurados por la gran mayoría de manifestantes. "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible", llegó a decir Piñera en un mensaje televisado el pasado 20 de octubre, pocos días después de que comenzara la oleada de protestas.

Sebastián Piñera, presidente de Chile. (EFE)Sebastián Piñera, presidente de Chile. (EFE)Sebastián Piñera, presidente de Chile. (EFE)

Las pérdidas en el sector comercial superan los 1.400 millones de euros. Al menos 25.000 comercios se han visto afectados de una u otra forma por las protestas, según la Cámara de Comercio de Santiago, que vaticina una contracción económica en octubre. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), que iba a celebrarse a principios de diciembre en Santiago de Chile ha tenido que ser trasladada a Madrid.

"Una nueva agenda social"

Sin embargo, el discurso de Piñera, acosado por las unas protestas que cumplen ya su decimosexto día consecutivo, se ha vuelto más conciliador. Durante una declaración televisada el miércoles pasado, estableció entre sus prioridades "impulsar con toda la fuerza y la urgencia que se requiere la nueva agenda social para responder a las principales demandas de nuestros ciudadanos".

Para ello, el Gobierno pretende organizar una serie de debates o cabildos en distintas zonas del país, para "impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo para escuchar a nuestros compatriotas".

Pero la mayoría de quienes se mantienen en las calles dicen que el paquete de reformas y las reuniones son “insuficientes” y aseguran que no dejarán de protestar hasta que sus demandas sean satisfechas. Algunas voces de la oposición politica en Chile están barajando ya comenzar un proceso de destitución, para el que necesitarían 29 de 43 votos en el Senado. Si, avivado por las protestas, este proceso sale adelante, Piñera sería el primer presidente de Chile en ser destituido.

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