El oasis era un espejismo: la violencia en las calles pone en duda la excepción chilena

El estallido de social y de violencia que se vive en Chile desde hace una semana ha puesto contra las cuerdas al Gobierno del presidente Sebastián Piñera, que hace tan solo unos días alardeaba de la tranquilidad que se vivía en el país andino, un "oasis" en comparación con la situación de sus vecinos Ecuador, Perú o Bolivia. Pero la realidad ha sacado los colores al mandatario a un mes de la celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), ambas en Santiago de Chile.

Autobuses calcinados, barricadas humeantes, miles de personas recorriendo las calles de Santiago a golpe de cazuela y cacerola. Mientras tanto los militares, con tanques incluidos, tratando de controlar los saqueos que se han producido en los últimos días al calor del caos en la ciudad. Las imágenes han dado ya la vuelta al mundo, sembrando la duda de si Chile está preparado para ser el anfitrión de dos eventos de semejante envergadura.

Gerard Soler. Santiago de Chile (EFE)

La gestión de esta la crisis social por parte del Gobierno está bajo la lupa. "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible", declaraba el mandatario chileno a última hora de este domingo, tras varios días de disturbios, decretar el estado de emergencia y tener que derogar de forma urgente la subida del billete de metro para apaciguar los ánimos.

"El Gobierno ha sido errático y torpe en encontrar una frecuencia para atajar este conflicto a tiempo"

Las palabras de Piñera, más que calmar a la ciudadanía, sirvieron de combustible adicional para las protestas y han generado fuertes críticas entre la oposición y diversos actores sociales, además de las primeras llamadas a la calma en el plano internacional. "El Gobierno ha sido errático y torpe en encontrar una frecuencia para atajar este conflicto a tiempo", indica a este medio Cristobal Bellolio, doctor en Filosofía Política y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. "Se ha tratado como un problema de orden público, con un eje discursivo basado en la mano dura, por eso están los militares resguardando la seguridad en las calles, pero es un movimiento mucho más complejo", agrega el analista. Bajo su punto de vista, "no hay diagnóstico certero a estas alturas de un estallido social complejo, estamos en una fase de perplejidad".

Imagen de una de las protestas en Valparaíso. (Reuters)Imagen de una de las protestas en Valparaíso. (Reuters)Imagen de una de las protestas en Valparaíso. (Reuters)

Paralelamente, el Ejecutivo chileno ha tratado de lanzar mensajes de calma a la comunidad internacional: la agenda de la Apec y del COP25 "no se han alterado", aseguraba este lunes la ministra portavoz del Gobierno de Chile, Cecilia Pérez. Sobre las palabras del presidente, Pérez se limitó a señalar que se "han querido malinterpretar". De hecho, el cambio de tono del presidente ha sido notorio: en la última comparecencia, en la noche de este lunes, anunció que abría "de par en par los caminos del diálogo". Este martes ha convocado a los representantes del resto de partidos para "avanzar hacia un acuerdo social" que plantee "soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos".

Desde Naciones Unidas se ha pedido a todos los sectores de la sociedad chilena que reduzcan la tensión, que rechacen la violencia y solucionen de forma pacífica los problemas que han derivado en las revueltas de la última semana. La organización ha mostrado su "preocupación" por la violencia vivida en Santiago y ha recordado al Ejecutivo chileno que el estado de emergencia debe respetar tanto el Estado de Derecho como tratados internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte, recogiendo así las críticas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas durante los altercados. La propia expresidenta chilena, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha exhortado al Gobierno "a trabajar con todos los sectores para encontrar una solución a la situación".

El Foro de líderes de la Apec tendrá lugar entre el 11 y el 17 de noviembre y ya han confirmado su asistencia los presidentes de China, Xi Jinping; Rusia, Vladímir Putin; y de EEUU, Donald Trump. La cumbre del clima de Naciones Unidas, el mayor evento organizado por Chile y que contará con la presencia de multitud de dirigentes mundiales, se celebrará a principios de diciembre.

Ecos de la dictadura… pero sin miedo a los ‘milicos’

Las protestas comenzaron hace una semana pero la tensión se ha elevado durante el sábado y domingo, con disturbios que se extendieron por distintas zonas de la capital y en otras regiones del país. Son ya más de una decena de fallecidos —la mayoría en incendios causados por los saqueos—, más de un millar de detenidos y daños en estaciones de metro y mobiliario público que superan los 300 millones de dólares, según los medios locales. Y todavía no hay visos de calma.

La dureza de las manifestaciones y la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle recuerdan al régimen del dictador Augusto Pinochet, pero el temor a los ‘milicos’ ya no es el mismo y los chilenos mantienen, pese al toque de queda, las protestas de forma pacífica en sus barrios.

Los militares custodian la entrada de una estación de metro este lunes en Santiago de Chile, durante una nueva jornada de protesta social. (EFE)Los militares custodian la entrada de una estación de metro este lunes en Santiago de Chile, durante una nueva jornada de protesta social. (EFE)Los militares custodian la entrada de una estación de metro este lunes en Santiago de Chile, durante una nueva jornada de protesta social. (EFE)

La mecha de esta llamarada social la prendió la entrada en vigor del alza de tarifas de Metro en la capital chilena, pero la raíz del conflicto es mucho más profunda: el malestar social por cómo los sucesivos Gobiernos siguen ignorando las demandas pacíficas que llevan años realizando. "El alza de la tarifa de Metro ha sido la gota que ha colmado el vaso en una serie de alzas que han afectado al coste de vida (servicios energéticos, agua, problemas con las pensiones...)", subraya Bellolio. El problema para encontrar una vía de diálogo es, bajo su punto de vista, que el movimiento actualmente tiene muchas capas, pacíficas y violentas, más o menos organizadas, por lo que "no está claro si tienen un petitorio, una lista de demandas, con las que el Gobierno pueda sentarse a trabajar y no tiene muy claro cómo abordarlo".

Rabia en las calles

"No es solo el precio del metro: nos han subido los recibos energéticos, no tenemos ni educación ni sanidad pública de calidad, todo está privatizado y es caro con los salarios tan bajos. La mayoría de personas mayores viven en la miseria porque sus pensiones no alcanzan ni a la mitad del salario mínimo (301.000 pesos brutos, unos 370 euros)", explica a El Confidencial María de los Ángeles. Esta chilena de poco más de 30 años dice sentirse privilegiada en una sociedad "tremendamente desigual" y en la que “vemos cómo la corrupción no pasa factura y se ignoran los cambios sociales que son necesarios”.

La respuesta social de la última semana está llena de "rabia contenida y descontento" por los "salarios estancados y la mercantilización de los derechos", según han sostenido un grupo de sindicatos locales, razón por la que han decidido seguir con las protestas y convocar una huelga general para este miércoles, 23 de octubre.

Los chilenos salieron de nuevo a la calle este lunes para protestar por la situación del país. (EFE)Los chilenos salieron de nuevo a la calle este lunes para protestar por la situación del país. (EFE)Los chilenos salieron de nuevo a la calle este lunes para protestar por la situación del país. (EFE)

Mientras, el Gobierno trata de alinear sus esfuerzos con el resto de poderes del Estado para impulsar el "rediseño" de la agenda político-legislativa y lograr un pacto de Estado que garantice la gobernabilidad -la coalición de Piñera está en minoría en ambas cámaras del Congreso chileno-, con la oposición, dispuesta a colaborar para sacar adelante medidas que aborden estas desigualdades, y con la idea de que ha llegado la hora de “revisar el modelo económico” del país, como ha sugerido el presidente del Senado chileno, Jaime Quintana.

Tras cuatro días de incendios, disturbios y saquéos, el estado de emergencia y el toque de queda se extienden de norte a sur del país. Las medidas adoptadas por la Administración de Piñera ponen en manos de los militares la seguridad de los chilenos durante, al menos, los próximos 15 días. La semana ha arrancado con muchas escuelas y universidades cerradas, filas en supermercados y gasolineras en busca de provisiones, y nuevas protestas y caceroladas desafiando el toque de queda vigente en Santiago y otras grandes ciudades al norte y al sur del país durante la noche de este lunes.

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