Las sanciones y el derecho a elecciones: delito de extorsión

Este  es un momento que exige, con todos los recursos a disposición, una vasta campaña política y de comunicación que recuerde dentro y fuera de Venezuela que el más básico y evidente de los derechos ciudadanos, el derecho al voto, ha entrado en fase de mayor peligro: se ha convertido en instrumento de una extorsión.

 

 

 

Esa necesaria campaña debería ser unánime: todos, sin excepción, los demócratas deberían abocarse a ella. Todas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente los partidos políticos, y particularmente los asesores, políticos y parlamentarios que están participando en las negociaciones, están en la obligación de recordar, en voz muy alta, que las elecciones son un derecho consagrado en la Constitución: el más fundamental e insoslayable, el principio rector de la aspiración democrática.

 

 

 

Violando la Constitución y las leyes, han declarado distintos representes de la dictadura de Nicolás Maduro que no habrá elecciones –declaración que es un retrato de la ruindad y la desesperación–, a menos que los gobiernos de otros países y organismos multinacionales levanten las sanciones en contra de personas y empresas delincuentes.

 

 

 

Esa declaración, con descaro extremo, vuelve a poner de bulto que el Consejo Nacional Electoral es un órgano partidista, que los poderes públicos son inseparables de la camarilla que pretende permanecer en el poder por tiempo ilimitado, que la dictadura de Maduro carece de escrúpulos, que en Venezuela la oligarquía gobernante viola la ley sin rubor ni contrapeso alguno.

 

 

 

La cuestión es que la pretensión del gobierno, de que se levanten las sanciones, no es potestad de la oposición democrática: ni puede decretar las sanciones ni tampoco lo contrario. El anuncio del gobierno es otra prueba más de su crasa ignorancia de las leyes, del derecho internacional y de cómo funcionan las instituciones.

 

 

 

Es importante recordar y repetir que las sanciones no fueron causadas por motivos políticos ni ideológicos. Ni tampoco, como intentan promover, que son sanciones contra Venezuela. Son respuestas a una serie de actos delictivos de carácter penal –es decir, señalan a personas específicas–, como violaciones de los derechos humanos –asesinatos, torturas, represión desproporcionada–, asociación o participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero proveniente de la corrupción, así como otras graves causas, que son perseguidas y castigadas en el mundo entero. Las sanciones no van dirigidas en contra de un país ni de un pueblo, ni de unas supuestas vocaciones políticas: castigan a unos delincuentes que no representan al país, sino lo contrario: son, buena parte de ellos, activistas de la destrucción, de la ruina, el hambre y la enfermedad en Venezuela.

 

 

 

Muchos de los delitos cometidos por estos funcionarios, en particular los que han sido consignados en la Corte Penal Internacional, son imprescriptibles. Significa que, tarde o temprano, los responsables, a lo largo de toda la cadena de mando, de las muertes y los heridos durante las protestas, los ataques a personas indefensas, la destrucción de propiedad privada, las torturas a los presos políticos pagarán por los delitos cometidos.

 

 

 

El planteamiento del gobierno tiene un nombre: delito de extorsión. Por una parte, roba un derecho constitucional, y, a continuación, pretende cambiarlo por la eliminación de las sanciones, como si ellas tuviesen un carácter político y no estrictamente penal.

 

 

 

Mientras algunos voceros exponen públicamente sus ilusiones en los posibles resultados que podría arrojar la reunión del próximo 15 de diciembre, en Venezuela la política de extorsión avanza: no hay comida para quien no tenga carnet de la patria. Esto hay que denunciarlo: el gobierno extorsiona a los venezolanos, a diario y en todas partes. Maduro ha dicho que todo se hará en Venezuela con el carnet de la patria. El plan es que, en el escenario de una elección, el acto de votación se realizaría con el carnet de la extorsión y no con la cédula de identidad.

 

 

 

Quienes asisten al diálogo como voceros de la Asamblea Nacional y de la oposición democrática deberían sumar de inmediato un punto en su agenda: la eliminación inmediata de ese programa masivo de extorsión que es el carnet de la patria.

 

 

Editorial de El Nacional

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