Retardo procesal “explotó” en Valencia

 

Alertan que tragedia de PoliCarabobo podría replicarse en otros retenes del país.

 

 

Valencia.- La tragedia ocurrida el miércoles 28 de marzo en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo podría replicarse en otros retenes de la región donde las condiciones de hacinamiento son similares.

 

 

 

La sede policial, ubicada en la avenida Navas Spínola de Valencia, posee un centro de detención preventivo con capacidad para albergar a 35 reclusos. Pero para el momento del suceso que dejó saldo de 68 personas muertas, entre las que se cuentan dos mujeres que pernoctaban en las celdas, en los calabozos se encontraban unos 200 privados de libertad y por lo menos 10 mujeres que de forma constante pasaban la noche en dichas instalaciones.

 

 

 

Un informe, elaborado el año pasado por la ONG Una Ventana a la Libertad, indica que en Venezuela existe hacinamiento en 198 centros de retención cuya capacidad instalada es de 5.910 presos pero la realidad es que el número de retenidos supera los 14 mil.

 

 

Instalaciones como las celdas de la Comandancia General de PoliCarabobo y de las policías municipales de esta entidad no fueron concebidas para albergar a muchas personas, tampoco para una larga permanencia pues la Ley Penal estipula que el lapso que debe durar un retenido en estos lugares es de solo 48 horas mientras espera su presentación en tribunales.

 

 

Sin embargo los retardos procesales dan origen a la aglomeración de presos que permanecen hasta más de un año en los retenes policiales. En estos depósitos humanos proliferan enfermedades como la tuberculosis, según denunció un agente de la policía regional que pidió mantener su identificación en reserva.

 

 

Los motines y las fugas masivas son sucesos que ocurren con relativa frecuencia en algunos retenes policiales de la región pues espacios como pasillos administrativos, área del dormitorio de funcionarios y salas de baño han sido destinados a albergar a los reos, como lo denunció en su momento el ex alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola, sobre las instalaciones de la Policía Municipal de Valencia.

 

 

En el Centro de Coordinación de la Policía de la entidad la capacidad original de los calabozos es de 20 personas, sin embargo el número de privados de libertad por diversos delitos ha superado los 70.

 

 

Situaciones similares a la de Valencia se presentan en los retenes de policías municipales como el de Naguanagua donde existen tres calabozos con capacidad para 30 detenidos y la permanencia de reos ha pasado los 80.

 

 

La ciudad de Puerto Cabello no es la excepción. En las celdas porteñas concebidas para la permanencia temporal de 90 procesados en espera de su ingreso a los internados judiciales, han estado retenidos más de 200 personas.

 

 

El incidente registrado en el inicio de la Semana Santa 2018 en la Comandancia General de la Policía de Carabobo es considerado la segunda mayor tragedia ocurrida en un centro de detención venezolano desde 1994 cuando perecieron 108 reclusos en un incendio en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo.

 

 

Retardo procesal, el culpable

 

 

Sobre este hecho, el arzobispo de Valencia, Reinaldo Del Prette Lissot, manifestó que el hacinamiento en los retenes policiales ocurre por la falta de cumplimiento de las normas de los derechos procesales.

 

 

“Creo que hay que poner un poquito más de conciencia. Los retenes, no solamente nuestras cárceles, están hacinadas y no se está cumpliendo con la norma de los derechos procesales, de manera que permanecen mucho tiempo en los retenes y no se presentan a los tribunales”. El prelado considera que existe un problema en el sistema judicial que no está funcionando.

 

 

“Habrá que ver cuál fue la causa o la forma, pero es muy triste. Verdaderamente esta Semana Santa, con esa noticia, se ha tendido un manto como para vivir con mayor fortaleza la pasión y muerte de Cristo. Realmente crea mucha tristeza y mucho desasosiego en una ciudad como la nuestra que ve morir a 80 personas de esa manera tan trágica”.

 

 

 

Por su parte el presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, Carlos Lozano, coincidió con Monseñor Del Prette al afirmar que el retardo procesal “explotó” en Valencia tras el motín registrado en la Comandancia General de la Policía de Carabobo que dejó un saldo de 68 personas fallecidos según cifras del Ministerio Público.

 

 

Informó que en la sesión del próximo martes solicitará un derecho de palabra ante la plenaria para dar inicio a una investigación en conjunto con la Comisión de Política Interior, a fin de determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos durante el Miércoles Santo.

 

 

“Desde hace varios años en conjunto con el diputado Richard Blanco hemos denunciando el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país, pero el Gobierno se ha negado a mejorar las condiciones de los presos”.

 

 

Lozano alertó que los hechos ocurridos en Valencia podrían ocurrir en otras comandancias del interior del país, debido a que la situación de hacinamiento en Venezuela es alarmante.

 

 

Familiares de los reclusos fallecidos y de quienes quedaron vivos aseguran que los reos permanecen hasta un año en retención preventiva. Denunciaron que muchos sufren cuadros severos de desnutrición y enfermedades como tuberculosis que se propaga con facilidad debido al hacinamiento.

 

 

La madre de un sobreviviente comentó que su hijo llegó pesando 80 kilos y ahora pesa 49.

 

 

Judith Sánchez, madrina de uno de los reclusos fallecidos, considera que esta tragedia ha develado una gama de corruptelas que giran en torno a los calabozos de PoliCarabobo donde les cobran a los familiares “un dineral” para permitirles que les lleven comida, ropa y medicamentos a los presos.

 

 

Carmen Varela, tía de uno de los muertos, manifestó que su sobrino no estaba quemado. Aseguró que el cadáver tenía un disparo en la cabeza.

 

 

 

El Universal

MARIANELA RODRIGUEZ

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