El funcionario incólume

Hay burócratas que se mantienen en las alturas del poder, a pesar de los desmanes que cometen y de la necesidad de echarlos del puesto que no deja de plantearse en los espacios de la opinión pública. Los clamores pasan inadvertidos, o como si fueran una exageración, para que esos sujetos reinen sin pudor en altos cargos de la administración pública.

 

 

Hablamos de tipos que se distinguen por la superabundancia, debido a que nadie se atreve a podar su mata. Las cabezas del régimen se hacen los locos ante su presencia y los críticos poco a poco dejan de criticar porque nadie atiende sus reproches. El caso del ciudadano Lacava, gobernador del estado Carabobo, es uno de los indeseables paradigmas de tal aberración.

 

 

El ciudadano Lacava dio muestras de desatino cuando fue alcalde, debido a que tuvo la ocurrencia de detener a unos homosexuales para ponerlos a barrer las calles con uniformes rosados, como castigo por el “delito” de sus preferencias sexuales. La cosa no pasó de lo pintoresco, pese a su magnitud, quizá para que el alcalde se animara a proseguir una carrera iniciada con buen pie, en la cual ha alcanzado notoriedad, como lo demuestran los sucesos que recientemente han engalanado su peripecia.

 

 

 

En efecto, el ciudadano Lacava fue señalado por El País, periódico español, de presuntos manejos fraudulentos en cuentas del extranjero. Pillaron sus depósitos en la banca de Andorra, sobre los cuales dieron detalles capaces de impresionar al más lerdo de los fiscales. Aseguró entonces el diario que sus evidencias eran “difíciles de rebatir”, pero el sospechoso se limitó a asegurar que se trataba de una conspiración contra la patria soberana mientras sus colegas del alto gobierno guardaban silencio. Apenas se presenció un escándalo pasajero, de cuya memoria apenas queda algún vestigio débil, para que el sujeto en cuestión se pavoneara en su cargo de gobernador.

 

 

 

El pavoneo ha continuado, pese a la masacre de presos ocurrida en la comandancia policial que depende de la gobernación a su cargo. Más de sesenta seres humanos perdieron la vida en unos calabozos infectos, sin que el sujeto haya ofrecido una mínima explicación. Se limitó a pedir que no se “politizara” el suceso. Seguramente los voceros más altos de la dictadura concuerden con el comentario, si nos guiamos por el silencio cómplice que han mantenido ante un acontecimiento capaz de producir legítima consternación. De nuevo se sale con la suya el ciudadano Lacava.

 

 

 

Por desdicha, los manejos de funcionarios como el ciudadano Lacava abundan en la burocracia roja rojita. La ejecución de atrocidades no es exclusividad de un empleado específico de la “revolución”, sino una conducta generalizada a la cual nadie pone coto porque no alcanzarían los jueces ni los calabozos para meterlos en cintura; o porque no conviene hacer redadas entre los miembros de la misma familia. Mejor hacerse los disimulados.

 

 

 

El ciudadano Lacava puede seguir su carrera, por lo tanto, si sentimos la inacción de la justicia y el silencio del Ejecutivo ante una matanza sobre la cual se pretende arrojar un pesado telón. Largo telón también porque sirve para ocultar a una caterva de burócratas semejantes al incólume que hoy ha ocupado nuestra atención.

 

 

Editorial de El Nacional

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