Escándalo en Brasil: ¿Por qué detienen a cuatro allegados del presidente Temer?

Al menos cuatro allegados al presidente brasileño Michel Temer fueron detenidos este jueves en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión y alquiler de instalaciones portuarias, informaron medios locales.

 

El presidente de Brasil, MIchel Temer, está desde hace mucho tiempo en la mira de la justicia.

 

 

Ha sido señalado de haber recibido sobornos de Odebrecht, así como de estar involucrado en una investigación de pago de coimas al gigante cárnico, BRF. Ahora, podría ser vinculado con otro escándalo: irregularidades en la concesión de instalaciones portuarias.

 

 

Al menos cuatro allegados al presidente brasileño Michel Temer fueron detenidos este jueves en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión y alquiler de instalaciones portuarias, informaron medios locales.

 

 

Entre los detenidos, se encuentra el abogado José Yunes, amigo y exasesor de Temer; el coronel jubilado de la Policía Militar Joao Baptista Lima, también cercano al mandatario conservador; el exministro de Agricultura Wagner Rossi y Antonio Celso Greco, dueño de la empresa de fletes marítimos Rodrimar, precisan los informes.

 

 

La fiscalía general confirmó que la procuradora Raquel Dodge solicitó las capturas, todas con prisión temporaria de hasta cinco días, y detalló que el proceso está bajo secreto de sumario.

 

 

La operación fue autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, quien investiga si Temer recibió sobornos para emitir en mayo de 2017 un decreto que beneficia a empresas del sector portuario.

 

 

La televisión mostró imágenes de las detenciones efectuadas por la Policía Federal (PF) en Rio de Janeiro y Sao Paulo. Pero la institución indicó que no dará informaciones acerca de la operación por orden del STF, que trata casos de funcionarios con fuero privilegiado.

 

 

El abogado de Yunes consideró “inaceptable” e “ilegal” la detención de su cliente. Los abogados de Temer sostienen que el decreto presidencial solo convalidó concesiones iniciadas en 1993 y atribuidas mediante licitaciones.

 

 

Las investigaciones se iniciaron en 2017 a partir de delaciones de ejecutivos del grupo del holding J&F, propietario del gigante de la alimentación JBS. Esas delaciones ya llevaron a dos denuncias contra Temer formuladas por la fiscalía general, pero rechazadas por la Cámara de Diputados.

 

 

El denominado Decreto de los Puertos amplió de 25 a 35 años los plazos de contratos de concesión y alquiler de instalaciones portuarias.

 

 

La defensa de Temer

 

El ministro de la secretaría de Gobierno de Brasil, Carlos Marun, defendió la “absoluta inocencia” del presidente brasileño, Michel Temer, después de la detención de sus allegados. Marun aseguró que la operación policial, que arrestó a un total de seis personas, tres de ellas del entorno próximo de Temer, “no debilita el Gobierno” porque “el presidente no tiene nada que ver con eso”.

 

 

“El decreto de puertos no beneficia a Rodrimar y al final quedará esclarecida la absoluta inocencia del presidente en relación a todo eso”, señaló el ministro.

 

 

Las autoridades investigan si el decreto sancionado por Temer en 2017, y que alteró la ley de puertos, benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio jefe de Estado.

 

 

Además de la investigación del decreto portuario, el mandatario fue incluido recientemente entre los sospechosos en una investigación sobre los sobornos pagados por la constructora Odebrecht.

 

 

El asunto se refiere a supuestas comisiones ilegales pagadas por Odebrecht a cambio de “favores” políticos recibidos de la Secretaría de Aviación Civil entre 2013 y 2015, pero no podría ser denunciado por este caso, ya que los supuestos hechos se remontan a antes de que Temer asumiera su mandato.

 

 

No obstante, Temer, quien baraja optar a la reelección en los comicios de octubre, sí podría recibir una denuncia de la Fiscalía en el marco de la investigación del llamado decreto portuario.

 

 

Agencias AFP y EFE

 

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