Nueva York demanda a la compañía Weinstein y sus gestores por permitir los abusos sexuales

La acción legal de Eric Schneiderman deja en suspenso la negociación para cerrar la venta de la productora de Hollywood

 

 

El produtor Harvey Weinstein. YANN COATSALIOU FOTO: AFP / VÍDEO: ATLAS

 

 

El fiscal del Estado de Nueva York, Eric Schneiderman, pasa a la carga con una demanda contra el productor Harvey Weinstein, su hermano Robert y el consejo de administración de la compañía Weinstein por crear un clima laboral que viola de manera flagrante los derechos civiles. La demanda se anuncia justo cuando debían retomar las negociaciones para la venta de la sociedad, que lleva meses sin rumbo.

 

 

La oficina del fiscal neoyorquino inició su investigación hace cuatro meses. En la demanda asegura que se violó de manera repetida la legislación vigente y que tanto los ejecutivos como los miembros del consejo de administración pusieron en peligro a las empleadas de la productora, porque fracasaron a la hora de protegerlos de la conducta abusiva, intimidatoria y discriminatoria de Harvey Weinstein.

 

 

 

Las alegaciones que presenta Schneiderman son extensas al exponer como Harvey Weinstein “maltrató y explotó de manera despiadada” a los empleados de la compañía durante el tiempo que ejerció de consejero delegado. Se basan en entrevistas realizadas con empleados, ejecutivos y supervivientes del acoso sexual del fundador de la productora. También se examinó de manera exhaustiva todos los correos electrónicos y registros.

 

 

Weinstein, que fue acusado por primera vez en octubre de asalto sexual, utilizó un lenguaje amenazante con su entorno y con el que trataba de mostrar hasta donde estaba dispuesto a su llevar poder para obtener lo que buscaba. También señala que contaba con un grupo de empleadas que le acompañaba a todos eventos con la misión de facilitar “sus conquistas” sexuales y que enseñaban a las asistentes como “tenían que vestirse y perfumarse para ser más atractivas”.

 

 

 

Este grupo de asistentes organizaba, a su vez, la agenda del productor para que tuviera tiempo libre para ejercer sus actividades sexuales. Se cita también a un grupo de más alto nivel que se encargaba de ofrecer oportunidades a actrices para que pudieran avanzar en sus carreras si respondían a las pretensiones de Weinstein. La fiscalía asegura que los choferes debían siempre llevar preservativos e inyecciones contra la disfunción eréctil del jefe.

 

 

La demanda cita un caso de abuso a una empleada que data de 2015, que fue denunciado al departamento de recursos humanos y al consejo pero que nunca fue investigado por la compañía. Por eso le acusa de no haber hecho nada para impedir que se repitieran. “La cultura del acoso y la intimidación quedó tapada por el secretismo debido a las prácticas de Weinstein y su firma de asegurarse los silencios a través de acuerdos de confidencialidad”, añade.

 

 

Cada violación de la legislación expuesta en la demanda está sancionada con hasta 250.000 dólares. Schneiderman busca con la demanda, además, que las víctimas de los abusos de Weinstein sean debidamente compensadas y protegidas. También hace referencia al proceso de venta de la sociedad, al indicar que la demanda pretende evitar que los directivos que permitieron estos actos abusivos no podrán sacar provecho de la operación.

 

 

El estudio lleva desde la pasada Navidad en conversaciones para venderse a un grupo de inversores que lidera Maria Contreras-Sweet, una antigua funcionaria de la Administración de Barack Obama. Había ofrecido 500 millones de dólares para hacerse con el control de la productora de Hollywood y su intención era formar un consejo integrado solo por mujeres. La demanda deja ahora todo el proceso de venta en suspenso.

 

 

 

Schneiderman asegura que su departamento no va a bloquear la operación de compra de los activos de la compañía. Pero sí considera que las violaciones de la legislación por parte de Weinstein son muy serias y el acuerdo que estaba sobre la mesa no cumplía con los requisitos que plantea con la acción civil. “Si algún comprador quiere hacerlo correcto, debe compensar y proteger a las víctimas”, concluyó, “es una obligación legal de cualquier corporación”.

 

 


El País

 

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