La declinación genera incertidumbre entre incertidumbre entre familiares de detenidos

Desconfianza e incertidumbre genera, entre abogados y familiares de detenidos, la orden de la asamblea nacional constituyente sobre la declinación de los casos de procesados ante la jurisdicción militar hacia los tribunales ordinarios.

 

 

 

 

“Esa decisión tiene una doble jugada. Con esos muchachos se van a ensañar fuertemente porque las detenciones son órdenes de arriba”, manifestó un familiar de un joven que fue detenido y presentado en julio ante un tribunal militar itinerante, a quien le dictaron orden de aprehensión en una cárcel común 45 días, pese a que la defensa solicitó la nulidad del proceso y regulación de jurisdicción durante la audiencia.

 

 

 

 

El Foro Penal Venezolano registra 655 personas que han sido procesadas por jueces no ordinarios. De esa cifra, la mayoría se encuentra bajo régimen de presentación, arresto domiciliario y presos en centros penitenciarios para militares o en cárceles comunes.

 

 

 

 

“Nunca se ha debido juzgar civiles en jurisdicciones militares. La declinación no es ninguna conquista en recuperar los derechos de los civiles”, afirmó Daniel Merchán, miembro del Foro Penal de Aragua.

 

 

 

 

 

Los estados donde han aplicado esta práctica son Carabobo, Zulia, Mérida, Táchira, Anzoátegui, Nueva Esparta (con competencia del tribunal de Barcelona), Aragua y Lara, señaló Alonso Medina Roa, miembro de la organización. Añadió que la acción de la ANC “no es un cambio de criterio, sino el cumplimiento de una orden, desconociendo el principio de imparcialidad y la autonomía del Poder Judicial”. Consideró como un irrespeto a la institucionalidad de la justicia, el hecho de que la ANC, a través de la comisión de la verdad, tome las investigaciones de esos casos, debido a que la Fiscalía es la que dirige la acción penal.

 

 

 

 

“Desde el principio debieron ser procesados en tribunales ordinarios. La medida demuestra que ellos fallaron”, dijo la novia de uno de los procesados recluido en una cárcel, hacinado con presos comunes que han tenido beneficios.

 

 

 

 

Carabobo tiene el mayor número de casos de manifestantes presentados ante la justicia militar. La ONG Defensa y Justicia Carabobo cuenta al menos 200 personas desde que comenzaron las protestas. De ese número, 70 fueron detenidas el 20 de julio durante el paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática.

 

 

 

 

“No tenemos ninguna garantía de que ocurra la declinación. No sabemos si va a rendir algún efecto que sirva a las víctimas”, indicó Eliécer Jiménez, abogado de esa ONG. Desconfía que la medida sea beneficiosa para los detenidos porque tales causas pudieran entrar a la lista del retardo procesal que tiene el Ministerio Público. En este caso les generaría más tiempo de detención. “A algunos detenidos les dispararon a quemarropa. En el destacamento fueron golpeados y bañados con agua de cloaca, la idea era borrar los rastros de sangre de las heridas”, denunció.

 

 

 

 

 

Al igual que en Carabobo, donde 50 personas fueron enviadas a la cárcel de Uribana en Lara, en Táchira señalaron que los procesados en jurisdicción militar han sido incomunicados y se les niega información a sus defensores con el argumento de la existencia de un conflicto bélico. Raquel Sánchez, coordinadora de Foro Penal en esa entidad, señaló que 170 ciudadanos están siendo procesados en jurisdicción marcial.

 

 

 

 

“Se incomunica a los detenidos. Los funcionarios en puerta dicen que las órdenes han cambiado y que no importaba lo que dijera la ley, que los abogados no tendrían acceso a ninguna información porque estábamos en guerra”, declaró Sánchez.

 

 

 

 

 

 

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Por Confirmado Massiel Bravo

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